Gobierno habilitó pago voluntario con quita en multas al consumidor
El Poder Ejecutivo Nacional modificó el régimen sancionatorio de la Ley de Defensa del Consumidor mediante el Decreto 377/2026. Desde el 22 de mayo de 2026, los proveedores sancionados podrán acceder a una reducción del 50% en las multas si realizan el pago voluntario dentro del plazo establecido.
5/22/20262 min leer
La nueva modalidad busca acelerar los procesos administrativos y reducir los costos judiciales vinculados a sanciones de consumo.
Qué establece el nuevo decreto
El Decreto 377/2026 incorpora un nuevo inciso al artículo 45 de la reglamentación de la Ley de Defensa del Consumidor N.º 24.240, aprobada originalmente por el Decreto 1798/1994.
La modificación introduce un mecanismo de incentivo al cumplimiento voluntario de las sanciones aplicadas a proveedores por infracciones a la normativa de defensa del consumidor.
A partir de ahora, quienes sean sancionados podrán acceder a una reducción del 50% del monto de la multa, siempre que acepten la sanción y realicen el pago dentro de los 10 días hábiles desde la notificación de la resolución.
Condiciones para acceder al beneficio
El beneficio previsto por la norma estará sujeto a determinadas condiciones establecidas por el Poder Ejecutivo.
Entre los principales requisitos, se destacan los siguientes:
• El proveedor debe consentir la sanción aplicada.
• El pago debe efectuarse dentro de los 10 días hábiles de la notificación.
• No podrá interponerse el recurso de apelación previsto en el artículo 45 de la Ley 24.240.
Además, el decreto aclara que la reducción no podrá generar una multa inferior al mínimo legal previsto en el artículo 47, inciso b) de la Ley de Defensa del Consumidor.
De esta manera, se mantiene el piso sancionatorio establecido por la normativa vigente.
Los fundamentos de la medida
En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo explicó que el régimen anterior no contemplaba descuentos por pago anticipado de multas, a diferencia de otros sistemas sancionatorios vigentes.
Según el texto oficial, la iniciativa busca reducir la litigiosidad administrativa y judicial, además de disminuir los costos de transacción tanto para la Administración Pública como para los proveedores alcanzados.
El Gobierno también señaló que la medida forma parte de un proceso de reorganización macroeconómica y modernización de los procedimientos administrativos.
Entrada en vigencia
El Decreto 377/2026 entró en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial, es decir, el 22 de mayo de 2026.
La nueva herramienta ya puede aplicarse en los procedimientos sancionatorios vinculados a infracciones de la Ley de Defensa del Consumidor.
Fuente: errepar